Todo comenzó en 2020 y parece que nada ha cambiado. Viven a oscuras. No han podido poner ni un ventilador en plena ola de calor y ahora, que se aproxima el frío, tampoco podrán encender la calefacción. Lo que la mayoría de la población considera algo cotidiano, en la Cañada Real es un privilegio.

Unicef Comité de Madrid y Save the Children reclaman a las Administraciones públicas «una solución inmediata» para las cerca de 4.000 personas, entre ellas más de un millar de niños, que llevan dos años viviendo «en unas condiciones intolerables» por la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana, el mayor asentamiento ilegal de Europa. Las dos organizaciones hacen un llamamiento a la Comunidad de Madrid y los tres ayuntamientos implicados (Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada) para reactivar el Pacto Regional y garantizar los derechos de las familias que allí habitan a corto, medio y largo plazo.

«Estos niños y niñas han vivido sin luz parte de la pandemia, fenómenos meteorológicos como Filomena u olas de calor y se enfrentan ahora a un nuevo invierno a oscuras. No lo podemos permitir», indica el coordinador de Unicef Comité de Madrid, Ignacio Martínez Latorre.

Esta situación afecta a otros aspectos claves de su cotidianidad que ahora son un desafío para todos los hogares, especialmente los más vulnerables, como son el importante encarecimiento de los bienes de primera necesidad o el acceso a una educación de calidad, y la clave es que este período coyuntural no lastre de por vida su desarrollo, o la garantía de su salud física y mental, destaca Martínez Latorre.

«España ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y es responsabilidad de todas las instituciones públicas y de los gobernantes garantizarlos», señalan desde la agencia de la ONU para la infancia.

También Save the Children recuerda que ayer se cumplieron dos años desde que este asentamiento se quedó sin suministro eléctrico, una situación «injustificable» que «sigue haciendo más dura la vida  a más de mil niños y niñas». La organización reclamó por ello una solución, con la entrega de más de 47.000 firmas a la Delegación del Gobierno de Madrid.