La oleada de robos que sufrieron diferentes comarcas de la provincia durante el año 2018 fue el detonante clave para que distintos ayuntamientos comenzaran a interesarse por la posibilidad de instalar dispositivos de videovigilancia en sus municipios. El objetivo era claro: ahuyentar a los delincuentes y paliar con ello la sensación de inseguridad que comenzaba a reinar entre la ciudadanía. A pesar de la complejidad legal que, inicialmente, supuso la puesta en marcha de estos sistemas, su eficacia y buenos resultados han motivado que sean cada vez más los consistorios que deciden implantarlos. De hecho, ya son 26 las localidades de la provincia que disponen de cámaras de vigilancia en sus calles o que están en trámites de colocarlas y que, por tanto, cuentan con la correspondiente autorización por parte de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha. Además, hay otros diez pueblos más que, en estos momentos, están en fase de estudio y pendientes del visto bueno administrativo para su instalación.

Según explica la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Mercedes Gómez, «la razón de ser» de los sistemas de videovigilancia no es otro que «combinar el trabajo que ofrecen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con las nuevas tecnologías». En este sentido, Gómez explica que las actuales cámaras no sólo ofrecen el visionado y registro permanente de las imágenes que graban sino que, además, aportan información sobre los vehículos que cruzan por su campo de visión (reconocen las matrículas) y avisan en caso de que se trate de coches robados o fichados por la Guardia Civil o por la Policía Local. Por todo ello, la subdelegada confirma que estos dispositivos están resultado «muy útiles» y que «han servido de ayuda» en bastantes ocasiones para resolver hechos delictivos acontecidos en la provincia. Las imágenes de vídeo captadas por estas cámaras son custodiadas y pueden ser revisadas única y exclusivamente por las autoridades judiciales, por la Guardia Civil o por la Policía Local en el caso de los municipios que disponen de este cuerpo de seguridad. «Normalmente las imágenes se visualizan en la búsqueda de algo concreto, no es que haya una persona fija mirando de continuo», aclara Mercedes Gómez.

INSTALACIÓN

Detalles de cámaras de videovigilancia instaladas en Horche y Alovera. - Foto: Javier Pozo

Para proceder a la instalación de cámaras de seguridad, el ayuntamiento interesado debe realizar un proyecto técnico previo que recoja las características, puntos de ubicación y motivaciones que le llevan a tomar esta decisión. Para ello, aparte del criterio de los técnicos municipales, siempre tienen a su disposición el asesoramiento de la Subdelegación del Gobierno y de los agentes de la Guardia Civil. «La Subdelegación está abierta a colaborar con los ayuntamientos que precisen ayuda en este ámbito», confirma Gómez. Posteriormente, dicho proyecto y la solicitud formal han de remitirse a la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, que es la administración encargada de su estudio y visto bueno a través de un órgano específico, la Comisión de Garantías de Videovigilancia. Una vez autorizado este dispositivo de seguridad, el consistorio ha de seguir los trámites habituales para la contratación del servicio a una empresa especializada que será, finalmente, la encargada de su instalación. Además, la autorización de la Delegación del Gobierno debe renovarse con una periodicidad anual, un trámite mucho más ágil y rápido que el permiso inicial. Así las cosas, todos los gastos derivados de este mecanismo de vigilancia han de ser asumidos por el propio ayuntamiento. Aunque el precio de estos dispositivos varía en función de sus características y del número de cámaras a instalar, el desembolso medio inicial ronda los 55.000 euros para unas 20 cámaras, si bien es cierto que la mayoría de los pueblos precisan un número bastante inferior. A ello hay que sumar los 3.000 euros que, aproximadamente, supone el mantenimiento anual.

En cualquier caso, los responsables municipales que cuentan con cámaras de videovigilancia en sus municipios desde hace tiempo consideran que, a pesar del esfuerzo económico inicial, se trata de un dinero «muy bien empleado» debido a los resultados satisfactorios que se han obtenido. En esta línea de opinión se muestra José Luis Ros, alcalde de Lugaza, la primera localidad de la provincia de Guadalajara que contó con este tipo de dispositivos, en concreto, en diciembre de 2019. «La experiencia es muy positiva, se ha demostrado que es un elemento de prevención importantísimo. En nuestro caso, no hemos vuelto a tener problemas de nada», afirma. El aluvión de robos que aconteció en la comarca de Sierra Ministra a finales de 2018 (que inclusó motivó una multitudinaria manifestación vecinal en Alcolea del Pinar) fue la causa principal de que este pequeño pueblo se animara a establecer esta alternativa de vigilancia. «Hemos ganado muchísimo en seguridad en este tiempo, algo a lo que también ha contribuido el aumento de efectivos en el cuartel de Torremocha del Campo», declara Ros.

Un testimonio muy similar es el que ofrece Guillermo Manuel Rodríguez, alcalde de Galápagos, otra de las localidades de la provincia que fue pionera en este sistema, tramitado en 2019 y puesto en marcha a principios de 2020, «Estamos bastante satisfechos, sobre todo, porque el índice de actos delictivos se ha reducido considerablemente, se puede constatar con el número de denuncias presentadas en el municipio que es prácticamente nulo», asegura. «La motivación de poner cámaras fue el repunte bastante importante de robos que hubo en la zona de la Campiña y la sensación de inseguridad que tenían nuestros vecinos», explica.

Otro caso más reciente es el de Horche, localidad que estrenó cámaras de vigilancia el pasado verano tras un notable aumento de actos delictivos coincidente en el tiempo con el masivo incremento de la ocupación ilegal de viviendas. Su alcalde, Juan Manuel Moral, también considera que ha sido «una decisión acertada». «Todo lo que sea aumentar la seguridad del municipio y la confianza y tranquilidad de los vecinos es bienvenido. Además, se facilita el trabajo de la Guardia Civil», señala.

MÁS SOLICITUDES

Junto a Luzaga, Galápagos y Horche, algunos de los municipios de la provincia que ya cuentan con cámaras de vigilancia en sus términos municipales son Alovera, Cincovillas, Saúca y Azuqueca de Henares. Además, pronto lo harán Cabanillas del Campo, Yebes-Valdeluz y Cobeta. Asimismo, han cursado la solicitud y están pendiente de autorización otros diez más, entre ellos, Quer, Gajanejos, Torrejón del Rey y Yunquera de Henares. También se sumará Villanueva de la Torre, localidad que en la última reunión de la Junta de Seguridad Local manifestó su intención de acelerar la instalación de estos dispositivos tras la situación derivada de incidentes recientes relacionados con incendios en vehículos.

En este sentido, la subdelegada anima a los ayuntamientos «que todavía no se lo han hecho a plantearse la posibilidad de contar con estos sistemas». Y es que, tal y como concluye Gómez, la videovigilancia «realiza tres funciones fundamentales: ofrece información a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para el esclarecimiento de delitos, aporta tranquilidad a los vecinos que viven o frecuentan los pueblos y, por último, es un elemento disuasorio para los delincuentes».

EN LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS

La instalación de cámaras de videovigilancia en un municipio conlleva la redacción de un proyecto previo que ha de determinar el número y los puntos exactos donde las cámaras irán ubicadas. Junto al criterio de los técnicos municipales (si los hay), la mayoría de los ayuntamientos se prestan al asesoramiento de los agentes de la Policía Local o de la Guardia Civil, que son quienes custodian las imágenes y cuentan con experiencia y conocimientos en este campo. No obstante, por norma general, las entradas y salidas de las localidades son los emplazamientos más habituales para la colocación de estos dispositivos. «Las entradas y salidas son puntos estratégicos ya que se controla la salida y entrada de vehículos al municipio», confima la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Mercedes Gómez. Además, también es habitual proponer la instalación de cámaras en enclaves de importante actividad como los polígonos industriales o en otras zonas que suelen considerarse «conflictivas».

En función del tamaño y el presupuesto de cada localidad, el número de cámaras es mayor o menor. Así, por ejemplo, Luzaga cuenta con tan sólo tres cámaras de vigilancia: dos en la entrada y la salida de la carretera principal y una tercera en la vía que conduce hacia Hortezuela de Océn. «Luzaga es fácil de guardar, la vigilancia del pueblo está garantizada con estas tres cámaras», señala el alcalde, José Luis Ros. En concreto, el desembolso económico que tuvo que hacer este pequeño pueblo para la puesta en marcha de este sistema ascendió a 12.000 euros. «Fue una cantidad importante pero asumible, pudimos hacer frente a ello», confirma el regidor luzagueño. Algo más elevada fue la inversión que realizó el Ayuntamiento de Horche para protegerse de la presencia de los delincuentes, más de 30.000 euros. En concreto, se instalaron 13 cámaras fijas en otros tantos puntos de la localidad (las entradas y salidas del pueblo, en la Plaza Mayor y en las zonas donde proliferaban los okupas).

Por su parte, el Ayuntamiento de Yebes ya tiene establecido que serán un total de 20 las cámaras que próximamente habrá en la localidad: siete en Yebes y 13 en el núcleo de Valdeluz; lo que supondrá un coste inicial de 52.000 euros. «Se ubicarán, según el criterio técnicos, en las entradas y salidas y en aquellos lugares que tienen más movimiento de vehículos como son los accesos a algunos caminos vecinales», detalla Vidal Gaitán, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Yebes. Este edil explica que hacer realidad este proyecto no sólo fue un «compromiso de mandato» del actual equipo de Gobierno, sino que también se valora como una medida «interesante y eficaz» a la hora de mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana. «Ya somos un municipio que superamos los 5.000 habitantes. Al haber más población, también crecen los actos vandálicos y otros delitos a los que queremos contribuir a esclarecer y poner freno», explica Gaitán, quien también anuncia que otra de las medidas que impulsará el Consistorio yebero en el ámbito de la seguridad es la creación de un cuerpo de Policía Local.

El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo es otro de los consistorios guadalajareños que va a impular este año el proyecto de instalación de un sistema de cámaras de vigilancia en los accesos principales a la localidad, tanto en lo que se refiere al casco urbano, como a los polígonos industriales. «Esta es una medida que llevamos algunos años tratando de sacar adelante, y que incluimos en el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones de 2019. La buena situación presupuestaria , unida a la suspensión de los techos de gasto, nos va a permitir ejecutarla ahora. Queremos incrementar los estándares de seguridad de Cabanillas, tanto en lo que respecta a los vecinos, como en lo que afecta a las empresas de las zonas industriales», explica el alcalde, José García Salinas