La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que aparte a dos magistrados del Pleno que tiene que resolver este miércoles sobre la impugnación del Senado contra la paralización de la tramitación de las dos enmiendas parlamentarias sobre el Poder Judicial y el propio tribunal.

En un escrito presentado, la Fiscalía pide que se abra incidente de recusación contra su presidente, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, de manera que se aparten de la decisión que el Pleno tiene que tomar.

Dada la fragmentación del tribunal en este asunto, si se aparta a esos dos magistrados, los números serían favorables al sector progresista, por cinco a cuatro, por lo que esta cuestión resultaría crucial para revertir la decisión que el tribunal adoptó el lunes y permitir así al Senado incluir estas enmiendas en la votación del jueves.

La Fiscalía alega que "la incuestionable vinculación directa de los citados miembros del Pleno con el objeto de tramitación parlamentaria sobre la que se proyecta el recurso de amparo sustenta razonablemente, a priori, dicha pretensión de recusación por resultar objetivamente incuestionable la incidencia automática de dicha norma en la situación personal/profesional de ambos en caso de que llegara a aprobarse".

"Dicha circunstancia (...) constituye un factor innegablemente condicionante de la apariencia de imparcialidad que de manera constante y enfática invoca el Supremo y el propio Constitucional", añade el escrito.

También Unidas Podemos ha presentado dos escritos ante el Constitucional, en los que vuelve a pedir las mismas recusaciones.

Los magistrados se reúnen de urgencia para debatir y votar si mantienen la medida cautelarísima, solicitada por el PP y acordada el lunes por el TC, una vez que el Senado ha solicitado que se resuelva dicha impugnación antes de mañana, cuando está previsto que el Pleno de la Cámara Alta vote la proposición de ley, de la que, por el momento, se han retirado esas enmiendas.

Al respecto, la Fiscalía considera que "la queja del Senado está bien fundada", sostiene que "la decisión del TC se ha adoptado con premura e inexistencia de precedentes" y "alerta del peligro de que esta actuación establezca un precedente".

En su escrito, el Senado alega que "la cámara y sus integrantes individualmente considerados se hallan indefensos" al adoptarse la medida de suspensión "inaudita parte" y defiende que "la suspensión decretada es "extemporánea" y "desproporcionada".

Fuentes jurídicas consultadas por EFE explican que en caso de que los magistrados estimen la impugnación del Senado contra la cautelarísima, esta quedaría sin efecto y por consiguiente se abriría la puerta para que la Cámara Alta incluya las dos polémicas enmiendas al texto que votará el pleno de mañana.