La huelga de transportistas, que fue calificada en sus inicios como minoritaria por parte del Gobierno, ha acabado por provocar serios problemas de abastecimiento en los supermercados y amenaza también con tener efectos considerables en la industria. Ante este panorama, urge una acción del Gobierno en dos direcciones: aumentando el diálogo y la negociación con los organizadores para conseguir que se reanude la actividad, pero también garantizando a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el cumplimiento de unos servicios mínimos que hasta ahora no está garantizados, al no existir una convocatoria de huelga como tal. Si no se dan avances en ambas direcciones, la vuelta a la normalidad será, no solo más lenta, sino también más costosa.

El tiempo está demostrando que la táctica que utilizó el Gobierno en un primer momento, la de menospreciar a los pequeños empresarios y autónomos que organizaron el paro, no pudo ser más desacertada. La negativa a reunirse con ellos está dificultando la solución del problema, al tiempo que multiplica los efectos de la protesta. Ya no son solo los ganaderos los que se ven obligados a tirar su producción de leche, al no poder hacerla llegar hasta los centros de transformación, sino que grandes fábricas de agroalimentación han anunciado que pueden dejar de producir en breve por falta de suministros, lo que tendría como consecuencia más directa el desabastecimiento de productos básicos.

El Gobierno tiene en su mano la declaración del estado de alarma, que permitiría intervenir al Ejército para garantizar el aprovisionamiento, un mecanismo que ya utilizó en 2010 cuando las protestas de los controladores aéreos provocaron un caos en todos los aeropuertos. Esta posibilidad, que ayer sugirió el futuro presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero que no está sobre la mesa, según la ministra de Defensa, Margarita Robles, debe entenderse como un último recurso que pondría de manifiesto tanto el creciente malestar de amplios sectores productivos, con poder para paralizar el país, como la incapacidad del Ejecutivo para encontrar vías de solución a los problemas que está generando la escalada de precios de energía e hidrocarburos. Los 500 millones de ayuda prometidos a los transportistas en forma de reducción del precio del gasóleo profesional, lejos de convencer al sector, solo ha servido para que otras patronales, incluida la del taxi, se sumen a las movilizaciones, haciendo aún más insostenible la situación. O la mesa de diálogo alcanza un acuerdo rápido o puede alentar otras protestas en un contexto de muchas incertidumbres en el que la pérdida de poder adquisitivo generalizado es la única certeza.