Se prevé que la manifestación que se desarrollará este miércoles en Madrid deje bien clara cuál es la postura del Levante español, con los regantes a la cabeza, pero arropados por los gobiernos de Valencia y Murcia, de rechazo a los planes del Ministerio de Transición Ecológica de incrementar los caudales ecológicos del Tajo.

Van a protestar contra la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Ribera, a la que acusan de firmar la «sentencia de muerte del sector agroalimentario» de Levante, que depende del Trasvase Tajo-Segura.

Comenzará en la Plaza de San Juan de la Cruz en torno a las 10.30 horas bajo el lema «En el Levante, sin trasvase, desierto y paro» ante acuerdo para aumentar el caudal ecológico del río Tajo de aquí a 2027 que supondrá una disminución de las aportaciones del acueducto Tajo-Segura a los caudales de las provincias de Alicante, Murcia y Almería de unos 105 hectómetros cúbicos.

Los regantes estiman que este recorte a las transferencias de agua de riego provocarán la pérdida de 15.000 empleos y una reducción de valor patrimonial de 5.692 millones de euros, y defienden que «no hay alternativa a la disminución del volumen de agua disponible», ya que siguen sin querer optar por la desalación como alternativa.

Además, para el Círculo por el Agua y SCRATS, esta decisión carece de justificación técnica y deriva de la propuesta de incrementar los caudales mínimos en el eje del río Tajo, lo que supone una rebaja de los caudales susceptibles de ser trasvasados.

Los convocantes califican de «paradójico» que el Levante tenga que «seguir luchando» para disponer de los recursos necesarios para seguir generando riqueza, empleo y progreso, y advierten de que esta disminución de aportación hídrica a través del trasvase se traducirá en un aumento del precio del agua de boca para los consumidores, porque aumentará la dependencia del agua desalada, cuyo coste e impacto ambiental es mayor.