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Editorial

La falta de consenso se seguirá pagando en la factura energética

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La invasión rusa de Ucrania ha dejado patente uno de los talones de Aquiles de Europa: su excesiva dependencia del gas y del petróleo rusos, que ahora son utilizados como armas geopolíticas por Moscú para provocar tensiones entre los Veintisiete. El club europeo, que aún mantiene la unión en la respuesta a Putin, aunque con fricciones, teme que a partir del otoño haya problemas de suministro que, además de acarrear más subidas de precios, puedan abocar al Viejo Continente a una nueva recesión, de consecuencias imprevisibles dado que todavía hay que cerrar muchas de las heridas generadas por la crisis económica y social provocada la pandemia.

La política energética desplegada por Bruselas en los últimos años siempre ha estado más pendiente de aspectos medioambientales que de los elementos geopolíticos, que son vitales para la seguridad energética. La crisis de precios de la energía debido a la guerra de Ucrania ha pillado a Europa iniciando el proceso de transición ecológica con el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. Sin embargo, poco o nada se ha avanzado para minimizar la posición de dominio rusa que permite a Putin modular el grifo del gas y el precio a su antojo.

Pero mientras la política energética europea se rediseña para lograr acompasar la lucha contra el cambio climático, con inversiones que permitan ir librándose del yugo de Moscú, hay también que prepararse para los meses de frío. En este ámbito, los países europeos pactaron un plan de ahorro energético para reducir el consumo de gas.

Para atender el compromiso europeo, el Gobierno aprobó un Real Decreto cuyas principales medidas entran en vigor mañana. La norma dispone la obligación de que edificios públicos y privados reprogramen la temperatura de sus aires acondicionados y calefacciones y que los comercios apaguen sus escaparates a partir de la diez de la noche. La reunión técnica de ayer del Gobierno con las comunidades autónomas acabó en fiasco, y no sólo por la beligerancia de Madrid o de la postura crítica de comunidades del PP, ya que otras como País Vasco y Cataluña manifestaron discrepancias. Ante la rebelión, el Ejecutivo, que advirtió que no hará modificaciones ni aplazamientos del decreto ni permitirá insumisiones, pidió «unidad, responsabilidad y solidaridad al PP». Pero, como bien sabe Pedro Sánchez, los consensos no se imponen con decisiones ya cerradas, sino que se negocian. Y esta sigue siendo la asignatura pendiente de la actual clase política española, que antepone la ideología a los acuerdos de Estado. La falta de altura de miras la seguiremos pagando en la factura energética y otras muchas.