Contamos los días por escándalos políticos. El último la supresión del delito de sedición y la rebaja de pena a la malversación como contrapartida al apoyo de los separatistas catalanes a los Presupuestos. Los sobresaltos se solapan. Unos tapan a otros. El Gobierno navega cada vez con más rémoras y hay casos sin resolver que aguardan respuesta. El penúltimo está relacionado con la trágica muerte de 23 emigrantes africanos el pasado 24 de junio en el transcurso de los incidentes que se produjeron al saltar la valla que separa Marruecos de España. Todos vimos las imágenes de lo ocurrido en la frontera de Melilla porque durante varios días fueron noticia en los telenoticiarios, pero la cosa quedó ahí.
¿Qué ha cambiado para qué este asunto vuelva al primer plano de la vida política nacional? Lo nuevo son las conclusiones que ofrece un reportaje de la televisión británica BBC estableciendo que fue en territorio español donde al menos uno de los subsaharianos perdió la vida. Lo que no constituye novedad son las evasivas del ministro del Interior a la hora de aclarar lo acaecido. Al informar de lo ocurrido, Fernando Grande-Marlaska declaró que los policías y guardias civiles habían actuado "correcta y proporcionadamente" en el uso de la fuerza. También el presidente del Gobierno habló del caso para decir que la actuación de las fuerzas de seguridad a uno y otro lado de la frontera había sido muy profesional al impedir lo que calificó como: "entrada ilegal y violenta" en territorio español.
¿Qué ha pasado para que ahora -cuatro meses después de los hechos- Podemos pida la dimisión de Grande-Marlaska y la vicepresidenta Yolanda Díaz emplace al ministro a asumir sus responsabilidades? Y no solo Podemos, también el PP se abre a crear una comisión de investigación porque han recordado la posición del PSOE cuando en 2014 Pedro Sánchez exigía explicaciones al Gobierno de Mariano Rajoy por lo ocurrido en la frontera de Ceuta, en el Tarajal, cuando, tras disparar la Guardia Civil con material antidisturbios, 15 emigrantes africanos resultaron muertos en el intento de entrar a nado en España. El PP quiere recordarle al PSOE su falta de coherencia y Podemos necesita remontar. Ahora también sabemos que las explicaciones del ministro tampoco han convencido al Defensor del Pueblo. Pero más allá de las agendas políticas es legítimo reclamar una investigación sobre lo ocurrido aunque sea cuatro meses después porque los muertos mal enterrados siempre vuelven reclamando justicia.