Si algo debiera ocupar y preocupar a este Gobierno --por encima de Franco, de leyes como la de memoria democrática, la de la Corona o la de pandemias, la contrarreforma laboral o la renovación de los órganos constitucionales-- es la desigualdad creciente entre españoles ricos y pobres, agravada de forma importante en los últimos años y no solo por la pandemia. Datos recientes señalan que el 10 por ciento de la población española tiene el 34,5 por ciento de los ingresos por trabajo y capital y un 57,6 por ciento de todo el patrimonio, mientras que el 50 por ciento de los ciudadanos con menos recursos solo disponen del 21 por ciento de las rentas globales. Más de un millón doscientas mil familias llevan 12 años con todos sus miembros en el paro, según la EPA, y esa cifra no ha bajado del millón en la última década.
Las colas del paro ya no aparecen en los medios de comunicación, pero siguen existiendo. La parroquia de Santa Anna, en Barcelona, además de los desayunos y las comidas, ha empezado a dar también cenas a los que no tienen ni techo ni ingresos ni papeles ni esperanza. Si no fuera por las Cáritas parroquiales, que están duplicando sus esfuerzos, la situación sería infinitamente más grave. Son el termómetro de la pobreza real. Algunos señalan que la incapacidad de los servicios públicos y la falta de voluntad política para regularizar a los extranjeros sin papeles les condena a vivir al raso y, en muchos casos, a delinquir. Hasta las mafias les cobran por vivir en un piso okupado. Pero no es solo eso. El aumento de la brecha entre quienes tienen mucho y los que no tienen nada crece imparablemente sin que este Gobierno haga mucho por evitarlo. El fracaso en la concepción y en la gestión del Ingreso Mínimo Vital es una de las pruebas de la ineficiencia de las medidas tomadas muchas veces con más improvisación y marketing que con voluntad de afrontar el problema. La imparable y desbocada subida de la tarifa de la luz ha acabado por "apagar" a los más vulnerables y el Gobierno ha demostrado otra vez su incapacidad para encontrar respuestas.
Seguramente pasaría con otro Gobierno de distinto signo, pero a éste que levanta la bandera de la solidaridad y la inclusión, no se le puede permitir que no haga nada. Si no hubiera sido por Europa y sus ayudas, y por otras iniciativas sociales, estaríamos en situación de emergencia. Hace poco más de un año, la ONU suspendía a España en su lucha contra la pobreza. Hoy la calificación sería mucho peor, porque estamos en niveles más altos que en 2008.
Incluso cuando el Estado cumple con responsabilidad y generosidad, solo se hace para tener un titular en los telediarios. España trajo hace apenas unos meses a unos cientos de ciudadanos afganos --muchos más no pudieron venir-- y a parte de sus familias, cuyas vidas corrían grave peligro por haber trabajado para nosotros, para nuestras fuerzas armadas, en su país. Muchos tienen un título universitario o un oficio. Hoy, una familia afgana de ocho miembros refugiada en España recibe 612 euros al mes para sobrevivir. Tienen una vivienda y no les van a matar los talibanes, pero pueden morir de hambre en la preciada libertad de Occidente.
Acabar con la pobreza en España y en el mundo no es una utopía, es una obligación y un deber social. Las injustas desigualdades de poder y riqueza --impulsadas, permitidas o no atacadas con medidas adecuadas desde los Gobiernos-- impiden cualquier ascenso social a través de la educación, el esfuerzo o el mérito. Y, además, son un polvorín que, pese a tener una sociedad subsidiada, puede estallar en cualquier momento. Una situación inaceptable y profundamente injusta.