Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de toda España están convocados a secundar una huelga indefinida a partir del próximo 24 de enero para presionar al Ministerio de Justicia para que cumpla los compromisos adquiridos con estos profesionales en abril de 2021, cuando suspendieron los paros convocados para reivindicar mejoras laborales.
Y es que los LAJ llevan, prácticamente, un año reclamando al Estado que cumpla con lo que ellos consideran incumplimientos que se remontan al año 2009, cuando los Letrados de la Administración de Justicia asumieron una serie de responsabilidades que antes les correspondían a los jueces, por la aplicación de la Ley 13/2009, sin que ello conllevara la mejora de la retribución salarial. Por este motivo, los LAJ iniciaron sus paros en 2022, los días 26 de enero, 9 y 10 marzo, desconvocándose la huelga prevista de tres días para el mes de abril cuando el Gobierno central se comprometía a atender las demandas que realizaban este cuerpo nacional de funcionarios públicos.
A final de 2002, los LAJ volvían a estar convocados, de nuevo, a una huelga, dos jornadas a finales de noviembre y otras dos a mediados de diciembre. Ahora, en poco más de dos semanas, comenzará un paro con carácter indefinido, para reclamar que el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa que ahora mismo está en tramitación recoja las compensaciones económicas que a los que se comprometió el Ministerio de Justicia en el mes de abril de 2022.
"El objetivo de la huelga es que el Ministerio cumpla con el acuerdo firmado en abril para la desconvocatoria de aquella huelga", justifica Luis Gómez, delegado de la asocicación UPSJ en Castilla La Mancha y LAJ en Guadalajara, que advierte que "nuestra capacidad de paralización de la Administración de Justicia es total".
Esta "parálisis total" se ha dejado notar en todos los paros convocados por los LAJ en 2022 porque "intervenimos en todos los actos procesales y sin nuestra firma no son válidos", explica Luis Gómez. Solo en la última convocatoria, la correspondiente a los días 14 y 15 de diciembre, se suspendieron 61 juicios y 41 actuaciones programadas, como actuaciones ante el juez, en los tres partidos judiciales de la provincia.
La firma de estos funcionarios públicos es necesaria para la mayoría de los procedimientos judiciales. "Solo saldrán adelante las actuaciones que se entiendan como servicios mínimos", recuerda Luis Gómez, quien detalla que solo pueden atenderse los servicios declarados esenciales como causas con preso, actuaciones del Juzgado de Violencia de Género ante un caso de maltrato y las inscripciones de defunción y nacimiento pero no las de las bodas progamadas.
Hay que recordar que la provincia de Guadalajara cuenta con 23 funcionarios que son Letrados de la Administración de la Justicia en sus tres partidos judiciales y que son 170 los que hay en toda Castilla-La Mancha.