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Editorial

Adiós a una fiscal general que encarnó la politización de la Justicia

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La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha renunciado por motivos de salud a un cargo al que llegó precedida de la polémica al interpretarse su nombramiento como un intento del Gobierno de Pedro Sánchez de controlar el Ministerio Fiscal cuatro meses después de que el Tribunal Supremo dictase la sentencia contra los líderes independentistas catalanes por la organización del referéndum ilegal de octubre de 2017. Delgado, que saltó directamente del sillón de ministra de Justicia en el primer gobierno de Sánchez al despacho de la jefatura de la Fiscalía, generó fricciones desde el primer día ya que los fiscales del alto tribunal habían mantenido criterios diferentes a los defendidos desde La Moncloa durante el juicio del Procés. Las suspicacias que han lastrado su mandato y que blandieron sus detractores tienen su origen en el apoyo de la Abogacía del Estado, dependiente de Delgado cuando era ministra de Justicia, para que el líder de ERC, Oriol Junqueras, pudiera salir de la cárcel para recoger su credencial como miembro del Parlamento Europeo.

Todos los gobiernos de la democracia han defendido la independencia de la Fiscalía General del Estado. De hecho, el estatuto del Ministerio Fiscal recoge que su titular actúa con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. Además, el fiscal general del Estado, que ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal, no puede ser cesado salvo por causas tasadas en la Ley. Con estas salvaguardas parece que su imparcialidad está a prueba de presiones políticas o de otra índole, pero lo cierto es que, aunque su mandato es por cuatro años, siempre cesa cuando lo hace el Gobierno que lo nombra, por lo que la credibilidad sobre su independencia queda cuestionada de raíz.

La falta de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva tres años y medio con el mandato caducado, junto con la independencia de la Fiscalía General son dos de las debilidades del sistema judicial español, sobre las que ya ha puesto la lupa Bruselas. En su tercer informe sobre el Estado de Derecho, conocido dos días después del enésimo acercamiento frustrado del PSOE y el PP para renovar el CGPJ, la Comisión Europea exige a España la reforma del sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces para que una inmensa mayoría sean elegidos por sus pares, así como reforzar el Estatuto de la Fiscalía para afianzar su independencia, separando su mandato del Gobierno. El hecho de que uno de los poderes del Estado sufra este nivel de cuestionamiento tanto a nivel interno como en el exterior debilita a la propia democracia y a su calidad, que debe ser incuestionable.