La "imposición" de la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO), que según los sindicatos plantea el Ministerio de Justicia sin negociar jornadas, horarios, centros de destino ni retribuciones, ha sacado este viernes a la calle a los funcionarios del cuerpo, que se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia en Guadalajara para protestar contra una medida que está actualmente en tramitación parlamentaria y que, en caso de materializarse, podría afectar a unos 200 trabajadores.
Para exigir una negociación previa se han concentrado en Guadalajara una veintena de trabajadores, convocados por CSIF, UGT, CCOO y STAJ. Lo han hecho en una movilización que también se ha desarrollado en las sedes judiciales de toda España, entendiendo que el nuevo modelo que quiere imponer el Gobierno no soluciona los problemas de la administración de Justicia en España. Por ello, piden al Ministerio que abra la mesa de negociación para que antes de que se publique la ley "no nos hagan la pirula", afirma el presidente de CSIF en Guadalajara, Pablo Moya, en declaraciones a los periodistas.
"El Gobierno está más interesado en la lucha partidista y el politiqueo en los órganos fundamentales de la Justicia cuando la prioridad sería dotarla de más y mejores medios para hacerla más ágil y más eficaz para el ciudadano que, una vez más paga las consecuencias, soportando una justicia lenta y excesivamente burocrática porque no tiene más remedio", subraya.
Las condiciones de trabajo en Justicia no se negocian, se imponen o ¡¡Negociación ya!!, han sido algunos de los carteles portados en esta concentración de media hora ante las puertas de los juzgados .
Desde los sindicatos reclaman al Ministerio que se siente a negociar con los trabajadores, ya que son ellos los que sufren las consecuencias de una ley que, sin duda, les va a perjudicar.
"El Ministerio quiere ser más eficiente, pero a costa de reducir al máximo la movilidad voluntaria de los funcionarios y crear una movilidad forzosa", afirma por su parte Nicolás Exojo, de CCOO, para quien esta ley pretende también "que se amorticen puestos de trabajo, afectando de manera muy especial a las comunidades que no tienen transferidas las competencias en Justicia". Según Exojo, el servicio también se verá perjudicado debido a que las plantillas "van a estar más tensionadas".
Esta concentración que es una continuación de las movilizaciones que comenzaron el pasado 30 de noviembre frente al Ministerio de Justicia, que se reanudaron el pasado 2 de diciembre en las sedes judiciales de toda España, y que se prolongarán hasta que la ministra de Justicia, Pilar Llop, se siente a negociar la futura LEO y se comprometa a solucionar los problemas históricos que arrastra la Justicia española. No descartan la convocatoria de huelga.