Como si de un camino de una única dirección se tratara, la senda que indicaría el poder adquisitivo y, en paralelo, la que reflejaría los ingresos de una empresa o de una familia se ha distanciado de tal manera desde la crisis de 2008 que, en la actualidad, parece una vía que se ha separado sin posibilidad de retorno. Se trata de un peaje irreconciliable en el que la evolución de los precios se ha disparado tanto que es ya imposible tratar de normalizar una vía que discurre por caminos separados y que ha dejado en la cuneta a millones de personas. Un efecto que en sí mismo puede explicar la crisis económica actual y, gran parte, los problemas laborales y sociales de vulnerabilidad y pobreza que existen. 

En este contexto, la erosión del poder adquisitivo de los salarios avanza a un ritmo galopante, difícil de corregir, que ya ha provocado una crisis de una magnitud aún difícil de cuantificar que ha conducido a la precariedad y la vulnerabilidad a buena parte de la clase trabajadora y de la clase media.

La situación es de tal gravedad en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores que ven como en la negociación colectiva el alza media se ha cerrado en el 2,6% hasta septiembre, cuando los precios han registrado, al menos, un aumento del 9,5% o el 14% si se analiza la cesta de la compra.

Aquellos que hasta hace poco llegaban justos a final de mes y podían corregir con cierta dificultad gastos imprevistos como, por ejemplo, un mayor consumo, facturas de energía más elevadas, la reparación del automóvil o un electrodoméstico, ahora se encuentran en una situación de asfixia donde las cuentas no les salen. La inflación lleva meses disparada, superando los dos dígitos y, aunque se ha moderado en el pasado mes de octubre al 7,6%, sigue siendo inasumible para la mayoría de la población.

A este efecto, se añade también la decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos que, desde el mes de julio, ha pasado de un interés negativo a un 2% en la actualidad y en una espiral alcista que los economistas cifran en más de un 3% al cierre de este año 2022.

El escenario de incertidumbre se ha agravado con un fuerte proceso de contracción del poder adquisitivo de los salarios sujetos a convenio colectivo. Sindicatos y patronal tienen rotas las negociaciones desde mayo y el alza que se pedía entonces y que la CEOE estaba dispuesta a firmar de una subida de un 3,5% ha quedado ya fuera de mercado y, según las reivindicaciones sociales la cifra que exigen ahora tanto CCOO como UGT pasa por un 4,5% y que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se actualice en 2023 según la tasa del IPC que, como a los pensionistas y podría fijarse en torno a un 8,5%.

La OCDE publicó en septiembre que España se sitúa a la cola de los países comunitarios en cuanto a la actualización de los salarios respecto al IPC. En concreto, proyectaban para 2022 una contracción anual de las retribuciones de un 4,5%, lejos de Grecia que estaban en el 6,9%, pero más distantes que en Italia con un 3,1%, o de Alemania que se colocaban en el 2,6%.

Medidas ineficaces

En Europa, por lo general y según la OCDE, las retribuciones no han subido lo suficiente como para mantener la inflación y la pérdida de poder adquisitivo no se ha compensado por las medidas adoptadas por los gobiernos que, en el caso de España, han disparado la presión fiscal a la clase media y no han sido eficientes con los más vulnerables por lo que la pobreza y las familias que se declaran en ruina va en aumento.

Una realidad que se está convirtiendo en algo habitual, como ya ha pasado en Bruselas, París o Madrid, es el hecho de ver a miles de personas manifestándose pidiendo subidas de salarios cuando, por ejemplo, en España, el Gobierno ha incrementado la recaudación gracias a la inflación. Un índice que alguien tiene que pagar y solo lo pueden hacer los trabajadores, las empresas o el Estado, por lo que la situación seguirá así al menos todo el año 2023.