Castilla-La Mancha tendrá en breve una nueva Ley de Atención Temprana. La Consejería de Bienestar Social ya tiene el borrador hecho y en estos momentos se encuentra en información pública. Esta ley viene a blindar este derecho de atención temprana, que ha de prestarse a los niños de 0 a 6 años que presenten alguna dificultad en su desarrollo sensorial, motor, comunicativo, cognitivo o social. Pero esta ley también a viene a cerrar algunas grietas que hay en la coordinación entre las consejerías de Sanidad, Educación y Bienestar Social, las que tienen un ámbito de actuación para trabajar con estos niños.
De hecho, de los cinco capítulos que recoge el borrador de la ley, uno de ellos está dedicado a la coordinación y la cogobernanza. Por ejemplo, la ley obliga a Bienestar Social a hacer un protocolo con Sanidad para que el tiempo que transcurre entre que se detectan los primeros signos de alerta y la derivación a un coordinador de atención temprana «sea el menor posible». También se hará un protocolo en el mismo sentido cuando sea en las escuelas infantiles donde los niños manifiesten dificultades significativas en su desarrollo «con respecto a su grupo de iguales».
Esta coordinación es una de las claves para la presidenta del Cermi en Castilla-La Mancha (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad), Cristina Gómez. «El fallo recurrente es la falta de coordinación entre las tres consejerías», explica a La Tribuna, «en la legislatura anterior se hizo un protocolo para esa coordinación, pero hasta ahora no está recogido en una norma para que esa coordinación real exista».
Pone algunos ejemplos al respecto. Explica que hasta ahora no se recoge que la parte social puedan intervenir en el sistema educativo. «Ahora mismo se considera que se está continuando con la atención temprana porque en el entorno educativo se ponen apoyos propios del entorno educativo, pero no es lo mismo», recalca.
Precisa que en el ámbito educativo suelen poner un asistente técnico, un profesor de audición y lenguaje por ejemplo para niños con algún tipo de afasia, dislexia, trastorno de desarrollo o autismo, o un profesor de pedagogia. ¿Dónde está la diferencia? Señala que en los servicios de atención temprana no tienen profesores de audición y lenguaje, sino logopedas, «que no es lo mismo, es una acción rehabilitadora». Y lo mismo apunta de terapeutas ocupacionales o psicomotrices. Cree que queda mucho margen para que hagan intervenciones puntuales en el sistema educativo o que se mejore esa coordinación.
transición a la escolarización. También señala que es clave la transición a la escolarización, pues la atención temprana abarca de 0 a 6 años y es a partir de los 3 cuando se comienza una nueva etapa de la educación infantil. Al respecto el borrador de la ley establece que se creará un «equipo de apoyo a la transición al sistema educativo para cada niño». En ese equipo estará la familia, un profesional de atención temprana y otro del centro educativo.
Gómez explica que «hace tiempo existían equipos de integración, pero no estaba normalizado». Cree que este tipo de fórmulas ayuda a la transición a la escolarización y a mejorar la coordinación.
Abunda en que quieren que el sistema esté centrado en la persona, en la familia y que se haga en el entorno natural.
«Este borrador no nos menciona al movimiento asociativo y somos prestadores de este servicio»
En Castilla-La Mancha hay medio centenar de servicios de atención temprana y la mayoría de ellos los prestan asociaciones. La presidenta del Cermi en la región, Cristina Gómez, subraya que la nueva ley tiene que darles voz y voto. «Queremos que se tenga en cuenta en esta ley al Tercer Sector de la Discapacidad», expone, «somos los que estamos haciendo este servicio».
Precisamente será uno de los aspectos que abordarán en la fase actual de tramitación de la ley, en la que se pueden presentar alegaciones al estar el borrador en información pública. Gómez avanza a La Tribuna que tenían prevista hacer en estos días una reunión de todas las entidades que componen el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en la región. También quieren escuchar a los «expertos que ya trabajan en atención temprana, que tenemos muchos».
Cree que hay margen de mejora para abordar en la ley el papel del Tercer Sector. «En este borrador no se nos menciona al movimiento asociativo y es que somos los prestadores de este servicio», reivindica.
Gómez explica que la Ley de Atención Temprana viene a desarrollar un derecho que se había recogido en la Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2014. Esa normativa contemplaba ese derecho, pero faltaba desarrollaro, algo que estaba reclamando desde entonces el movimiento asociativo. «Veníamos demandando el desarrollo de ese derecho para que esté plenamente garantizado, que sea efectivo, que los niños tengan atención temprana y que estén coordinados los departamentos de la administració para que el diagnóstico sea precoz y tengan esa atención temprana», subraya. Ese desarrollo normativo no tenía por qué hacerse con otra ley, pero Gómez explica que Page adquirió el compromiso electoral de hacer una Ley de Atención Temprana, pues al tener rango mayor «blinda» más ese derecho.
Ahora faltan todavía meses para que esta ley se retoque en el proceso de alegaciones, que luego se envíe al Consejo Consultivo y finalmente a las Cortes regionales para su aprobación final. Y después, muchas de las cuestiones que contiene habrá que desarrollarlas en decretos. «La ley va a poner el marco», explica, «pero habrá que afinar, que bajar el detalle».