Es incomprensible que el poder de seducción de Pedro Sánchez sea tan inconmensurable que personas que han demostrado sobradamente su talante democrático, entre ellos los tres jueces que forman parte del gobierno, hayan sido abducidos por un personaje que está dejando a España como ejemplo de país que no respeta las normas esenciales de la democracia, la separación entre legislativo, ejecutivo y judicial. En las instituciones europeas nos equiparan con Hungría, cuyo presidente, Orban, se toma esas normas a título de inventario, hasta el punto de qué voces autorizadas se han pronunciado a favor de que se le expulse de la UE si se mantiene en esa línea de disidencia permanente.
Para afianzar su poder de seducción, Sánchez no renuncia a utilizar la mentira y el engaño. Los ejemplos son muchos y frecuentes, y para justificar el último desatino, rebajar la pena para el delito de sedición en el Código Penal, no ha dudado en utilizar datos falsos transmitiendo desde Moncloa y Ferraz que países de nuestro entorno europeo son más complacientes con el delito de seducción que lo que pretende su gobierno con la rebaja que ahora propone, y que este viernes ha registrado en el Congreso de los Diputados para su tramitación. No es cierto. En Francia, por ejemplo, la sedición, el delito por el que el Tribunal Supremo ha condenado a los independentistas catalanes, puede llegar a castigarse con la prisión permanente; en Portugal, con un gobierno admirado por Sánchez, con veinte años si el delito de sedición cometido afecta a la integridad territorial.
A ver qué ocurre con el delito de malversación que alcanza algunos de los dirigentes independentistas catalanes; si es impedimento para que pierdan su actual inhabilitación para ocupar un cargo público, Sánchez es capaz de introducir más cambios en la reforma del código penal que ahora promueve, que suaviza el castigo por sedición, pero incrementa el del tráfico ilegal de armas y la ocultación de un cadáver tras un crimen. Lo que está bien, pero cuando la revisión del código está relacionada con intereses políticos, escandaliza, hiede.
La reforma que propone Pedro Sánchez tiene un objetivo claro: que los independentistas catalanes le den apoyo incondicional rebajando la condena que les impuso el Supremo y puedan optar a cargos institucionales si no se les aplica la condena de inhabilitación. Junqueras pretende ser presidente de la Generalitat, pero ha sido condenado por malversación de fondos públicos, un inconveniente. Seguro que sus abogados, y Sánchez, se ocuparán de encontrarle algún resquicio legal para sortear ese obstáculo. Si no, al tiempo.
Es guapo y encantador cuando quiere, pero sorprende que personas con buena cabeza se dejen seducir por su atractivo. Estamos en manos de un político que no pone límite a sus objetivos de ejercer el poder. Y si eso supone saltarse las normas de la democracia, no duda en hacerlo. Eso sí, acusando a sus adversarios de ser ellos los que incumplen el mandato constitucional.