Pedro Sánchez no sabe qué significan las líneas rojas, los límites, los principios o la palabra dada. No hace falta ni mencionar ejemplos, los hay por docenas. El presidente de gobierno -porque Sánchez es presidente de gobierno y por tanto más obligado que nadie a defender la Constitución, las leyes y las normas, incluso las no escritas, solo las apalabradas- acaba de sumar a la lista de propuestas inaceptables la decisión de cambiar las normas de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. 
Propone ahora que cambie el sistema de elección de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que, por calendario, toca renovar. Dos designados por el gobierno y dos por el CGPJ. Como el gobierno decidió que el CGPJ no podía hacer nombramientos mientras estuviera en funciones, ha levantado ese veto para que pueda hacerlo en este caso. Lo que interesa mucho al gobierno, porque desea que la actual mayoría conservadora pase a ser una mayoría progresista. Terminología que indigna a los profesionales de la Justicia y la Fiscalía, y se entiende, porque esa terminología pone en duda la obligada independencia de los jueces. Sin embargo, y desgraciadamente, tanto los sucesivos gobiernos como los partidos políticos, se mueven en esa escala ideológica que tanto daño hace a las instituciones españolas, a los tribunales, y a la credibilidad de sus decisiones.
 Sánchez, a su gobierno, y al PSOE, esgrimen la palabra bloqueo cada vez que llega el momento de abordar la renovación del Consejo y acusan al PP de impedir una renovación que debería haberse hecho hace al menos dos años. Lesmes clama en el desierto, el PSOE se defiende echando las culpas al PP, Podemos mantiene su exigencia de nombrar al menos a un miembro del CGPJ y la polémica se agranda con el tiempo, desprestigia o todos y provoca un auténtico vendaval político que se acrecienta con el tiempo.
Entre las acusaciones del gobierno al PP de Casado estaba que el expresidente del PP exigía que se cambiara el método de elección de los vocales del CGPJ para que quedaran al margen los grupos parlamentarios y fueran las asociaciones profesionales las que designaran a los vocales que considerasen más adecuados. Además de insistir en el supuesto bloqueo, Moncloa y Ferraz acusaban también al PP de Casado de cambiar las reglas cuando estaba en marcha el proceso, y Casado accedió entonces a una solución intermedia: se conformaba, para negociar la renovación, con que el gobierno prometiera que, en cuanto se iniciara una nueva legislatura, se llevaría al Congreso la modificación de la elección del órgano judicial. La respuesta del gobierno fue que no, que se respetara la norma hoy vigente.
Sin embargo es el primero en saltarse la normativa sobre la renovación del Tribunal Constitucional y pretende aplicar una nueva que satisface sus intereses políticos, conseguir la mayoría progresista. Sin comentarios. No hace falta.