Castilla-La Mancha endurece la normativa sobre las puertas giratorias, el régimen de incompatibilidades o las obligaciones de los altos cargos a la hora de declarar sus bienes, rentas y actividades. El Gobierno regional ha aprobado todos estos cambios en la nueva Ley de Integridad Pública, que ya va camino de las Cortes para que los partidos políticos la voten. El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado alguna de las novedades. En muchos casos será la Oficina de Integridad la que se encargue de velar por el buen cumplimiento.

En cuanto a las puertas giratorias, contó que se regula la incompatibilidad durante los dos años siguientes al cese de realizar actividades o prestar servicios en empresas con las que haya tenido alguna relación como cargo público. Explica que se establece la obligación de comunicar esas empresas, "de manera que se pueda comprobar por la Oficina de Integridad que esa actividad privada es compatible con el cargo público de los dos años precedentes".

Eso ocurre cuando alguien deja su puesto de cargo público, pero también la ley aborda lo que hay que exigir cuando entra. Al respecto, Castilla-La Mancha tendrá «la ley más estricta en nuestro país en materia de incompatibilidades», señaló Guijarro. Cada cargo público deberá firmar una «declaración responsable de compatibilidad de su actividad». La Oficina de Integridad comprobará si es así. En el caso de que se encuentra alguna incompatibilidad, «tendrá que resolverla en el plazo de un mes de su posesión y si no puede, abandonar el cargo». 

incremento de patrimonio. La Oficina de Integridad también tendrá que comprobar las declaraciones de bienes, rentas y actividades. Una de las novedades será que cuando se convocan elecciones autonómicas la Oficina de Integridad comprobará la diferencia de patrimonio de los miembros del Gobierno respecto a cuando tomaron posesión. «Tendremos que comunicar a la Oficina de Integridad el patrimonio en ese momento y la Oficina comprobará que no ha habido un incremento de patrimonio», expuso. Para los miembros del Gobierno será obligatorio, mientras que el resto de los altos cargos lo podrán hacer de manera voluntaria. 

Asimismo se regularán los posibles casos de conflictos de intereses. «Un cargo público tiene que abstenerse de participar en una decisión o procedimiento administrativo cuando el interés general esté contrapuesto con algún tipo de interés privado o personal», expuso Guijarro. Dicho alto cargo tendrá que comunicar esa abstención a sus superior y a la Oficina de Integridad. 

La ley establece un régimen sancionador, que va desde la amonestación, al cese o la inhabilitación durante cuatro años. Además regula los canales de denuncia ante una situación que alguien pueda sospechar que es irregular. El canal interno lo gestionará la Oficina de Integridad y el canal externo el Consejo de Transparencia.